Impulso de la inversión minera: superando dos años de estancamiento

Aunque Perú cuenta con una cartera minera valorada en más de US$ 53,000 millones, después del proyecto Quellaveco no se ha presentado ninguna gran iniciativa que impulse este sector.

Según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la inversión minera disminuirá un 18.9% este año (US$ 4,670 millones) y se espera que continúe a la baja con un 8.7% en 2024. ¿Cuándo se recuperará la situación?

Con el objetivo de captar el interés de los inversionistas en Perú, el Gobierno anunció que para diciembre de 2023 se aprobarán el 100% de las certificaciones ambientales de nueve proyectos mineros.

Entre estos proyectos se encuentran la ampliación de Toromocho, la construcción del proyecto San Gabriel, la planta de cobre Río Seco, Zafranal, Yanacocha Sulfuros, la reposición de Antamina, la reposición de Inmaculada, entre otros.

En una entrevista con Gestión, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, mencionó que una de las razones detrás del retroceso en la inversión minera en el país durante este año se debe a la falta de proyectos de gran envergadura como Quellaveco y a la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones).

"Aún muchas empresas se ven afectadas por el aumento de los costos de los insumos, lo que ha llevado a retrasar las inversiones. En general, dado que muchas de las grandes compañías mineras que operan en el país son transnacionales, están optimizando sus carteras de inversión a nivel internacional", afirmó.

Si bien la conflictividad social también es un factor importante, Castilla destacó que actualmente la demora en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los permisos de operación de los proyectos mineros es un obstáculo más relevante.

Señaló que los inversionistas están dirigiendo su atención hacia países como Canadá, Estados Unidos y Australia para invertir en la industria minera. "Estamos compitiendo contra ellos y, obviamente, en esos países hay mucha más previsibilidad y los costos regulatorios son más bajos", afirmó.

El director de Videnza Consultores propuso que, para reducir significativamente los plazos de aprobación de los proyectos, se debe lograr una coordinación eficiente entre las entidades involucradas en los procesos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre otros.

"En otras partes del mundo, los procedimientos son más ágiles y el tiempo juega en contra de la concreción de los proyectos. Por eso estamos viendo que, en lugar de tener los flujos normales de inversión que solíamos tener hace 10 años, entre US$ 7,000 y US$ 9,000 millones anuales, ahora estamos experimentando una fracción de esa cantidad. Tal vez sea conveniente replantear la centralización de los permisos en la entidad más transversal, como la ANA", sugirió.

A pesar de este período de dificultades en la inversión minera en Perú, el economista estima que habrá una recuperación en 2025 debido a la demanda continua de metales impulsada por la transición energética.

Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que la autoridad ambiental debería ser unificada para agilizar los permisos ambientales.

"Hoy, cuando presentamos los permisos al Senace, este transmite la información a otras cinco o seis instituciones para que emitan su opinión, como la ANA, Serfor y otros. Esto hace que todo el proceso sea lento. Lo ideal es que el país cuente con una sola autoridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)", recomendó.

Gobitz planteó que se deben acelerar todas las inversiones de expansión o extensión de vida de proyectos existentes. "Los proyectos nuevos (greenfield), como San Gabriel o Zafranal, no son de gran envergadura, pero si nos enfocamos en los brownfield, podríamos seguir avanzando positivamente", destacó.

Al igual que Luis Miguel Castilla, Gobitz considera que en 2025 la inversión minera se recuperará "si todos los actores involucrados trabajan en la misma dirección".

"Los precios del cobre aún no han alcanzado su 'pico' debido a que China muestra señales de recesión y hay perturbación por la guerra en Europa. Si estos dos factores se resuelven, los precios de los metales subirán durante los próximos 10 años y habrá un apetito por la inversión. Por lo tanto, Perú debe estar preparado para ello sin comprometer sus estándares", resaltó.

Eliminar la consulta previa

En Perú, de los 74 proyectos de exploración minera en la cartera, 30 están en ejecución o por ejecutar la exploración, mientras que 44 esperan la autorización de exploración o la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA).

Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, explicó que, en el caso de la exploración minera, se trata de proyectos cuyo posible impacto ambiental es de leve a moderado y siempre se puede remediar, por lo que no hay razón para retrasar los permisos en esta etapa.

El experto en minería señaló que en los últimos años se han otorgado aproximadamente cinco permisos al año y espera que se cumpla el anuncio del Gobierno de otorgar nueve en 2023. "Aquí se tardan alrededor de dos años, mientras que en otros países solo se requieren seis meses, y así debería ser", precisó.

Cardozo detalló que, de los 44 proyectos, gran parte espera la aprobación del IGA, mientras que otros ya tienen esta herramienta aprobada desde 2019.

"En estos casos, no estamos hablando de un tema ambiental, sino de la autorización para comenzar las actividades, lo cual probablemente se vea afectado por la consulta previa. No tiene ninguna justificación la consulta previa en el proceso de exploración", cuestionó.

Agregó que se deben eliminar los planteamientos innecesarios en la normativa para agilizar la aprobación de los proyectos.