Consejo de Minería: Cerca de 30 proyectos mineros aún no tienen fecha de inicio de construcción debido a diversos riesgos
Durante el Encuentro Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Fernando Gala destacó que la incorporación de nuevas operaciones mineras ha permitido al país aumentar el valor de sus exportaciones mineras a US$ 40,000 millones, generando recursos económicos para impulsar el PBI a S/ 550,000 millones y reducir la pobreza en un 25% en un lapso de 30 años.
"Sin embargo, la puesta en marcha de los 47 proyectos mineros en cartera no solo nos permitiría equipararnos con Chile en términos de producción de cobre, sino que también duplicaría el valor de las exportaciones mineras, pasando de US$ 40,000 millones a US$ 80,000 millones. Esto nos brindaría más ingresos fiscales, más empleo y mayores beneficios en concepto de canon y regalías para las comunidades", resaltó.
No obstante, el presidente del Consejo de Minería señaló que aproximadamente 30 proyectos aún no han establecido una fecha de inicio de construcción debido a riesgos de naturaleza sociopolítica, técnica, legal, financiera o empresarial. Muchos de estos factores han sido determinantes para el retraso de inversiones en proyectos como Yanacocha Sulfuros o la suspensión del desarrollo de Tía María y Conga.
"Si una empresa minera percibe que el riesgo es alto y no ha podido ser mitigado mediante los estudios previos realizados, será difícil que decida llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, es necesario abordar el tratamiento de riesgos, lo cual implica identificarlos, valorarlos, implementar medidas de mitigación, destinar recursos y monitorear constantemente el riesgo", explicó.
Licencia social: No regulada pero necesaria
En particular, el exviceministro de Minas hizo hincapié en que uno de los riesgos sociales predominantes para la construcción de un proyecto minero es la obtención de la licencia social, la cual brinda viabilidad social al proyecto. Sin embargo, esta licencia no debe confundirse con los mecanismos de participación ciudadana o consulta previa que se aplican al subsector minero y que están reconocidos por ley.
"La participación ciudadana se lleva a cabo durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, mientras que la consulta previa se aplica a las comunidades indígenas u originarias. Sin embargo, la práctica de ambas no garantiza la obtención de la licencia social, un permiso no legal que es competencia de la comunidad local, la provincia o la región donde se ubicará la operación minera", indicó.
En este sentido, Fernando Gala afirmó que tanto la empresa como la población deben buscar acuerdos que beneficien a ambas partes, con el objetivo principal de inspirar legitimidad, credibilidad y confianza, y finalmente lograr que el proyecto minero obtenga la licencia social. Este concepto, de naturaleza sociológica y dinámica, debe trabajarse de manera continua.
"El desarrollo económico de un país se logra a través de una mayor inversión, y la inversión minera es fundamental en este sentido. Sin embargo, sacar adelante un proyecto minero no es tarea fácil, ya que requiere completar de manera exitosa la cadena de valor, desde la exploración hasta la evaluación financiera del proyecto, así como evaluar de manera adecuada los riesgos a los que podría enfrentarse", enfatizó.