Auge de la Minería Ilegal: Un Desafío en Ascenso para la Economía Peruana
En un contexto donde la producción formal de oro en Perú desciende, la minería ilegal no solo se intensifica en Madre de Dios, sino que también se extiende por otras regiones, impulsada por la asociación con el crimen organizado y exacerbando los retos ambientales y de gobernanza.
Perú enfrenta una paradoja en su sector minero: mientras que la minería formal de oro experimenta una contracción, la actividad ilegal del preciado metal muestra un crecimiento exponencial. Según Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y director financiero de Southern Copper Corp, el inicio del proyecto Tía María, valorado en 1,400 millones de dólares, podría ser el catalizador necesario para revertir esta tendencia y desbloquear el potencial minero del país. En declaraciones a Rumbo Minero, Jacob señaló que el proyecto cuenta con todos los permisos y está listo para comenzar, esperando solo el consenso en la provincia de Islay, Arequipa, donde el proyecto está ubicado y donde, según él, ya existe una actitud positiva hacia la iniciativa.
La minería formal de oro ha sido un pilar económico en Perú, pero su producción ha disminuido significativamente de 164 millones de gramos finos en 2010 a 97 millones en 2022, con descensos de dos dígitos desde 2019. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) atribuye este declive a la falta de exploración y al aumento de la minería ilegal, ahora vinculada al crimen organizado. La caída en la producción de la mina Poderosa, el principal productor de oro del país, que vio reducida su extracción en un 28%, es un claro indicativo de esta tendencia negativa.
Mientras tanto, la minería informal e ilegal ha crecido hasta representar el 39.3% de la producción aurífera nacional, extrayendo 2.2 millones de onzas de oro. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informa que, si bien siete grandes empresas realizan el 43.9% de la explotación de oro registrada, el 56.1% restante se distribuye entre medianas y pequeñas empresas mineras y operaciones artesanales.
La expansión de la minería ilegal no se limita a una región; Mongabay reporta su presencia en 22 ríos y sus afluentes en 32 distritos de la Amazonía, en regiones como Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) indica que este fenómeno delictivo ha acumulado más dinero que el narcotráfico entre 2013 y 2023, con un total de 8,216 millones de dólares en actividades ilegales.
Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal, ha visto un incremento del 400% en la actividad ilícita en los últimos dos años, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con un aumento notable de maquinaria y operadores ilegales en la zona de "La Pampa". Este aumento también se ha reflejado en un triplicado de áreas de pozas contaminantes, pasando de 788 hectáreas en 2021 a 2,550 hectáreas en 2023, lo que genera graves preocupaciones ambientales por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio.
Ante este panorama, Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la Snmpe, subraya la necesidad de implementar un control efectivo no solo de los insumos usados para la minería ilegal, sino también de las plantas de procesamiento que comercializan el mineral extraído ilegalmente. Además, propone reforzar el Sistema de Inteligencia Nacional para identificar y actuar sobre territorios afectados por la minería ilegal, así como sobre los financistas y redes criminales involucradas.
Ramírez insta a la aprobación del Plan Nacional de Combate contra la Minería Ilegal, que incluya mecanismos de seguimiento a financistas, fortalezca al Minem en el control y fiscalización de la minería de oro artesanal y de pequeña escala, concluya el proceso de formalización minera sin más extensiones y cree un sistema nacional de trazabilidad que obligue a la certificación desde la extracción hasta la exportación del oro. Con estas medidas, Perú busca no solo combatir la minería ilegal, sino también reafirmar la minería como un sector legítimo y sostenible que contribuye al desarrollo del país.