Escalada de Violencia en Puno por Minería Ilegal: Un Muerto y Varios Desaparecidos en Coasa y Limbani
La situación de seguridad en Puno se ha deteriorado significativamente debido a los enfrentamientos relacionados con la minería ilegal, particularmente en los distritos de Coasa y Limbani. Según informes de autoridades locales y medios de comunicación como Pachamama Radio, los recientes conflictos en estas áreas, principalmente en el sector Chiwi – Inambari, han escalado a niveles alarmantes.
El subprefecto de Coasa, Rodolfo Churqui, informó sobre una emboscada organizada el 29 de noviembre en Coasa, un incidente que había sido anticipado por la comunidad de Chiwi. A pesar de las solicitudes de protección, el ataque se llevó a cabo, resultando en la trágica muerte de Luis García Paco, un joven de 23 años, y dejando al menos seis heridos y 15 personas desaparecidas. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Coasa, Jesús Choquenaira Málaga, confirmó estos hechos.
Los enfrentamientos en esta región, rica en recursos mineros, reflejan un problema más amplio relacionado con la economía ilegal en Perú, donde la minería ilegal ha superado incluso al narcotráfico en términos de ingresos generados. Esta situación ha creado un ambiente de constante inseguridad y temor entre los habitantes de Puno, donde el uso de armas de fuego, dinamita y machetes es común entre los grupos ilegales.
Ante este escenario preocupante, la Municipalidad Distrital de Coasa ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales para abordar la creciente violencia y el conflicto limítrofe que afecta a las provincias de Carabaya y Sandia. La urgencia de un diálogo efectivo para resolver esta crisis es evidente, y se ha exhortado a los líderes regionales y locales a tomar medidas inmediatas. Como medida de precaución, se ha suspendido los Juegos Olímpicos Municipales Provinciales Carabaya 2023.
La Fiscalía de Puno, a través del funcionario Óscar Giménez, reconoció en una entrevista con Radio La Decana la presencia de minería ilegal en todas las jurisdicciones de la provincia, a pesar de los registros que indican la existencia de 47 empresas mineras formales en Puno. Estos datos evidencian la complejidad y la magnitud del desafío que representa la minería ilegal en la región, destacando la necesidad de una acción coordinada y efectiva para controlar y mitigar este fenómeno.
Este reciente brote de violencia en Puno es un recordatorio sombrío de los efectos devastadores que la minería ilegal puede tener en las comunidades locales. No solo pone en peligro la vida y el bienestar de los ciudadanos, sino que también desestabiliza la economía y el medio ambiente de la región. La necesidad de una solución integral que aborde tanto la seguridad como el desarrollo sostenible es más urgente que nunca.